- Nury Sagastume
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En un entorno tributario cambiante como el de Guatemala, mantenerse actualizado en materia fiscal no es solo una obligación legal, sino una estrategia clave para garantizar la sostenibilidad y competitividad de las empresas. Las recientes reformas tributarias, como los Decretos 31-2024 y 32-2024, han traído nuevas disposiciones que impactan directamente en la forma en que las organizaciones deben operar y presentar su información ante la autoridad fiscal.
Una actualización fiscal adecuada permite a los contribuyentes conocer con claridad sus derechos y obligaciones, adaptarse a los criterios vigentes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y evitar sanciones por incumplimiento. Las auditorías tributarias son cada vez más frecuentes y técnicas, por lo que es indispensable contar con una preparación sólida para afrontarlas de manera efectiva, minimizando riesgos legales y financieros.
Además, los nuevos requerimientos como el uso del registro facial para determinados prestadores de servicios al Estado o los cambios en las leyes que regulan la competencia en el país exigen que las empresas desarrollen políticas internas alineadas a estas normativas. Esto no solo fortalece el cumplimiento, sino también la reputación y la transparencia corporativa frente a socios, clientes y entes reguladores.
En conclusión, estar al día con la normativa fiscal no debe verse como una carga administrativa, sino como una inversión en gobernanza y eficiencia. La actualización fiscal continua permite a las empresas tomar decisiones informadas, optimizar recursos y actuar con responsabilidad ante un marco legal cada vez más exigente y dinámico en Guatemala.
